A menudo, en el sector de los préstamos, pueden existir una amalgama de términos que lleguen a confundir al cliente final. No está de más disponer de una mínima cultura financiera y poder distinguir conceptos tan importantes como prestatarios y prestamistas, ¿en qué se diferencian? ¡te lo contamos!
Ambos son los dos agentes más importantes que actúan a la hora de establecer una relación contractual mediante la cual una persona, ya sea física o jurídica, solicita un préstamo económico por una determinada cantidad de dinero. O lo que es lo mismo, sin prestamista no hay dinero que prestar, y sin prestatario no se cierra ese trámite llamado préstamo.
En líneas generales un prestamista es la persona que da dinero en un préstamo. Y el préstamo es el contrato que se establece entre éste y el prestatario con una serie de condiciones dónde el segundo se compromete a devolverle el dinero al primero. El prestamista cobrará un interés junto a la devolución de dicho dinero en un plazo determinado.
Es importante recalcar que para ser considerado alguien un prestamista -entendiendo este alguien una persona física o jurídica- debe cobrar intereses por esta operación. De lo contrario, si alguien da o cede dinero a alguien y no le cobra intereses no podrá ser considerado un prestamista.
Existen tres tipos de préstamos: préstamos individuales, préstamos no bancarios y préstamos bancarios. Los préstamos bancarios, como su propio nombre indica, son aquellos proporcionados por las entidades financieras donde entre sus servicios y productos tienen este tipo de préstamos.
Por otra parte, están los prestamistas no bancarios, una alternativa a los bancarios tradicionales y que cada vez se están imponiendo con más asiduidad. Son efectuados por personas particulares y prestan su dinero a través de plataformas de financiación participativa como es el caso del crowdlending. Una competencia a los bancos y cuyos fondos proceden íntegramente de inversores particulares.
Y por último, encontramos a los prestamistas individuales. Éstos solicitan un aval como garantía para el reembolso del préstamo. Ofreciendo dinero tanto a empresas como a particulares. También existen los prestamistas comerciales y los prestamistas no comerciales, aunque menos habituales. Los primeros, dedican su actividad comercial a la concesión de préstamos obteniendo beneficios por las comisiones cobradas por estos servicios. Mientras que los prestamistas no comerciales no se dedican a esta actividad como la principal, sino que es una actividad no lucrativa secundaria realizándola prescindiendo de la intervención de una entidad financiera, ya sea bancaria o no.
El prestatario es la persona que toma ese dinero prestado en esta operación llamada “préstamo”. El prestatario firma un contrato mediante el cual se compromete a devolver el dinero al prestamista pagando unos determinados intereses junto a la devolución del dinero prestado.
Sea cual sea el prestamista que le haya prestado esa cantidad determinada, el prestatario siempre estará respaldado por leyes y normas, aunque como es lógico también debe seguir una serie de obligaciones. Todo ello debe estar recogido en el susodicho contrato mercantil donde se rubrica el acuerdo entre ambas partes.
En este contrato siempre debe estar fijada de forma clara y perfectamente identificable cierta información con las condiciones relacionadas a los derechos del prestatario. Entre ellos la posibilidad de cancelarlo en un plazo inferior a 14 días o la amortización anticipada.
El prestatario siempre tendrá derecho tanto a recibir la documentación del contrato, justificantes de pago, documentos de liquidación, derecho a consultar la CIRBE y comprobar las deudas pendientes y, por supuesto, tener el crédito solicitado dentro de un plazo determinado.
Pero por supuesto, el prestatario también tiene una serie de obligaciones como son pagar los intereses del préstamo sin demorarse, devolver el capital que se le ha prestado en las cuotas y plazos determinados, utilizarlo para la causa por la cual se le concedió e informar a quien le concede el préstamo de sus circunstancias económicas para que ésta analice el riesgo y solvencia de la operación.
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